AMADO BOUDOU Y LOS NUEVOS PRESOS POLÍTICOS EN ARGENTINA Y AMÉRICA LATINA

Nota: Oscar Leguizamón – Activista por los Derechos Humanos – Integrante de la Multisectorial CABA y de Movemos – Argentina

“Familiares de ex funcionarios detenidos se reunieron con la embajadora de Francia junto a organismos de derechos humanos, la pareja de Boudou y las esposas de De Vido y Schiavi denunciaron que se incumplen las garantías constitucionales y se mantiene el lawfare”.

Así encabezaba una nota el diario La Capital el reciente 22 de enero, sobre una reunión que mantuvieron familiares de presos políticos de Argentina con la embajadora de Francia Claudia Scherer-Effosse. 

Para quienes militamos desde los 70 defendiendo los derechos humanos, está reunión nos impacta profundamente.   Pues, cuando se recurre a la solidaridad internacional por cuestiones de derechos humanos es la confirmación del agotamiento de todas las instancias de alcanzar una sentencia justa en el propio país.  

No es la primera vez para nosotros. Recuerdo 1979 el hito de la OEA y la CIDH, cuando vinieron a la Argentina a tomar testimonios de miles de familiares de detenidos-desaparecidos y  constatar la grave situación de los presos políticos. Años más tarde entrados los 90’ debimos recurrir a la solidaridad internacional para buscar justicia en horizontes lejanos luego de los indultos presidenciales que dejaron a los genocidas en libertad.  El juez Garzón desde España fue una luz de esperanza en la defensa de la Memoria la Verdad y la Justicia. Esta sería la tercera vez en 45 años que afectados directos recurren a embajadas o instituciones internacionales de distinto carácter para exigir el respeto a los derechos humanos, a las leyes, al derecho penal y a la Constitución Nacional.

EL IMPERIO, SIEMPRE EL IMPERIO 

Amado Boudou es un caso emblemático, aunque no el único en la región. Si levantamos la mirada podremos ver que “la Justicia” instrumenta el mismo mecanismo de “lawfare” en todos los países.  Un error muy común  es querer entender la realidad latinoamericana sin considerar la política de EEUU para la región.   En 2001 a partir del atentado a las torres EEUU definió su nueva estrategia mundial con tres ejes: luchar contra el terrorismo, el narcotráfico y la corrupción.  Las tres consignas son tan amplias, que tienen la virtud de justificar y habilitar intervenciones en cualquier país del mundo.  De esta forma legitiman su presencia con 150 bases militares distribuidas globalmente, entre otras formas de intervencionismo como el económico y hasta en la justicia de los países.  Sin olvidar el accionar de drones (aviones no tripulados como el Predator B que asesinó al Gral. iraní Qasem Soleimani) como expresión de un terrorismo de estado sin precedentes por parte de EEUU. 

El proceso político abierto en el 2000, a partir de Venezuela con Chávez y seguido por Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y otros países, alumbraron espacios de autonomía económica, financiera y política en nuestra región, cuya expresión orgánica fue el UNASUR.  Para dividir y destruir este proceso político la táctica privilegiada fue el lawfare contra “la corrupción”.  “El 19 de junio de 2015 es detenido Marcelo Odebrecht, quien logra un acuerdo con la justicia de EEUU para poner fin a los procesos judiciales en ese país, a partir de ahí se hicieron públicos miles de documentos que incriminaban a dirigentes  y políticos latinoamericanos por hechos de corrupción en la adjudicación de obras públicas.”  

Lula, Correa Y Cristina – tiwy.com

De esta manera fueron desprestigiando, deteniendo y/o procesando, con o sin pruebas a presidentes, vicepresidentes, ministros de gobiernos, acusándolos de corrupción (Perú tiene 4 ex presidentes acusados de corrupción incluido Alan García que se suicidó cuando iba a ser detenido, Ecuador a Correa y Jorge Glas, Argentina a Cristina Kirchner y Amado Boudou y en Brasil Lula fue el caso más resonante solo por nombrar algunos). 

Atacando a esta empresa lograron un objetivo múltiple: 1) desarticular la UNASUR en su proceso de autonomía rompiendo el eje principal Buenos Aires, Brasilia, Caracas (Odebrecht estaba desarrollando un submarino nuclear y armamento para el Comité de Defensa de la UNASUR, además de construir represas hidroeléctricas en varios países de Africa y Asia), 2) romper el proceso de desarrollo económico de integración como bloque regional de Latinoamérica y el Caribe (UNASUR, CELAC), 3) instaurar gobiernos neoliberales títeres de las embajadas norteamericanas, 4) Sacar a una multinacional latinoamericana de la competencia con empresas norteamericanas del mercado mundial de grandes obras públicas.    

DE LA DOCTRINA DE LA SEGURIDAD NACIONAL AL LAWFARE

A partir de 1958 por la Escuela de las Américas en Panamá, pasaron en una década más de 70.000 oficiales de las fuerzas armadas latinoamericanas para “aprender” “tácticas de contrainsurgencia” y a preparar golpes de Estado en los 60, 70 y 80s.  Esta política en Argentina nos costó un genocidio con 30.000 detenidos-desaparecidos sin olvidar el “Plan Condor”.  

El verdadero objetivo de los golpes de estado, fueron la dominación económica neoliberal que se expresó a través del endeudamiento, la apertura económica, la privatización de empresas públicas y la desindustrialización.  Esta “pax romana” se rompe con los procesos antineoliberales de principios de siglo.  Y el Comando Sur para subordinar lo que considera su “patio trasero” definió la estrategia de la guerra judicial, que consisten en el desprestigio de dirigentes de gobiernos populares por los medios de prensa con acusaciones de corrupción que son amplificadas por la prensa cómplice, luego jueces colaboracionistas de “las embajadas” “arman” las causas a medida y cuando no existe ninguna prueba como en el caso de Lula aplican el “derecho creativo” como dijo el juez Moro “no cuento con pruebas, pero tengo la convicción” .

Argentina en 2003 retoma la política de Derechos Humanos como política de Estado con la llegada a “la Rosada” de Néstor Kirchner primero y Cristina Kirchner después.  Los juicios a los genocidas se retoman (hay 1.111 detenidos sobre 3123 imputados por delitos de lesa humanidad), derrotando el miedo y el desánimo que perduraba en gran parte de la sociedad por las políticas de impunidad y casi 30 años de políticas económicas neoliberales.  Se abre así un proceso de participación popular y de recuperación económica.  Amado Boudou fue un actor principal en ese proceso.  Como titular del ANSES impulsó la estatización de las AFJP (sistema privado de jubilaciones que manejaba $100 mil millones en fondos administrados) hasta que el 20 de noviembre de 2009 volvió el sistema solidario de reparto de jubilaciones. Las AFJP perdieron un negocio-estafa que les permitía quedarse con el 30% de comisión de todos los aportes mensuales.  Como Ministro de Economía logró superar la crisis 2008/2009 con un crecimiento a tasas chinas de 18% en 2010/2011, y con Roberto Feletti su Vice-Ministro de Economía impulsaron activamente el Consejo de Ministros de Economía del UNASUR.  En 2011 fue vicepresidente de Cristina hasta fin del 2015.   Esta breve síntesis es la que explica el ataque hacia Amado Boudou por las elites del poder representados por Macri, los medios de prensa hegemónicos y “sus jueces”.   En junio de 2011, como parte de un plan de desestabilización permanente al gobierno de Cristina “los privados” que controlaban la emisión de papel moneda dejaban los cajeros sin billetes para enardecer a la población en un año electoral, este proceso termina un año después con la estatización de la fábrica de papel Ciccone de la cual acusan a Amado Boudou de haber intentado apropiarse, empresa que finalmente fue estatizada, configurando una acusación que deviene objetivamente en abstracta.    La “prueba testimonial” en este caso, como en el de Lula fue “la convicción” del “arrepentido” Alejandro Vandenbroele quien fue comprado por la justicia de Macri con $1.500.000.-, para que declarara en contra de Amado por enriquecimiento ilícito.  De esa manera fue condenado a prisión y sacado de su casa una madrugada como si fuera un narcotraficante internacional con fotografías que recorrieron el mundo, como parte de la campaña de difamación y desprestigio montada por este nuevo “Plan Condor” ahora en clave judicial. A la fecha Amado fue condenado y cumple con arresto domiciliario el cual permanentemente es amenazado de ser derogado y transformado en prisión efectiva. 

BASTA DE LAWFARE – LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS

El lawfare es el nuevo golpismo que azota nuestras democracias, cientos de jueces sudamericanos como en otros tiempos son formados en nuevos foros judiciales internacionales armados desde el Departamento de Estado de EEUU.   Con el objetivo de derrocar y/o atacar a gobiernos que no respondan a sus planes de dominación, como hicieron en Brasil, Paraguay u Honduras o en forma más violenta como en Bolivia a Evo Morales cuando no les alcanza este método.  Pero también tiene el objetivo de impedir que se presenten a elecciones candidatos populares como hicieron con Lula, Correa, Evo, e intentaron con Cristina Kirchner.   Los pueblos que luchan por su liberación en Sudamérica deben luchar contra el lawfare como tarea central.  Esta pelea tiene varios caminos que deben darse simultáneamente. 

Foto: Evo Morales, expresidente de Bolivia / REUTERS

El primero alertar y desnudar esta nueva política de EEUU, el segundo tipificarla penalmente y castigar a los culpables como se hizo oportunamente con los juicios de lesa humanidad, tercero democratizar y reformar los sistemas judiciales corrompidos por el lawfare y junto con todo esto liberar inmediatamente a todas las víctimas de estos juicios armados por las elites del poder como hicieron tantas veces en la historia,  contra los pueblos del mundo desde los mártires de Chicago hasta hoy.

No se puede tolerar un día más que existan presos políticos. Junto con la recuperación de los gobiernos populares como venimos haciendo en Méjico, Argentina, Bolivia y ahora en Ecuador debemos instrumentar un mecanismo político, o amnistía que libere a todos los presos del lawfare en cada país.   La única forma de defender la democracia en la región, entendida como respeto a la voluntad y en beneficio económico de las mayorías, es derrotar al lawfare.   

Por eso debemos exigir la libertad y desprocesamiento de Amado Boudou, de Milagro Salas, Lula, Correa, Glas,  y de todos los presos políticos de Argentina y de Latinoamérica.  Como parte de la gran tarea de reconstrucción de la Patria Grande.  Un sueño eterno. 

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Oscar Leguizamón – Argentina

1- https://www.lacapital.com.ar/politica/familiares-ex-funcionarios-detenidos-se-reunieron-la-embajadora-francia-n2637541.html – 22/01/2021

2- Contracción gramatical de Law (ley) y Warfare (guerra).  El lawfare es una distorsión en la aplicación de la ley ejecutada por jueces al servicio del político-económico-mediático, que persigue a los opositores al modelo de apropiación inequitativa. – Lawfare Guerra Judicial Mediática – R Bielsa, P. Peretti – Editorial Ariel noviembre 2019

3- Romain Migus, “La calesita presidencial peruana”. Le Monde Diplomatique edición Cono Sur, enero 2021.

4- Operación Condor – Pacto Criminal – Stella Calloni – Editorial Ciencias Sociales

 5- Bienvenidos al Lawfare – Manual de pasos básicos para demoler el derecho penal – Zaffaroni-Caamaño-Weiss – Editorial Capital Intelectual – 2020

Foto: Amado Boudou – CEDOC

Los articulos del diario La Humanidad son expresamente responsabilidad del o los periodistas que los escriben

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