Colombia: Entre la defensa de la vida y la maquinaria de persecución y muerte.

Nota: Adriana Ramirez ( Colombia )

Entre masacres, abuso de poder policivo-militar, amenazas de grupos paramilitares, estigmatización de los medios corporativos de comunicación, y la persecución del Estado, sobrevive y lucha la movilización social en Colombia.

El inicio de la “nueva normalidad” en Colombia, se vio acompañada de la reactivación de la movilización social, la cual tenía reclamos pendientes desde antes del comienzo de la cuarentena y que sumó a sus razones, el mal manejo social de la pandemia por parte del Estado. De allí, surge que principalmente se generaran expresiones en defensa de la vida y en respuesta a la indignación que causa la situación de violencia que vive el país; Organizaciones sociales, líderes políticos, comunales, sociales, defensores de derechos humanos y la ciudadanía en general, levantan su voz de protesta en razón a los graves acontecimientos del país que van desde 62 masacres a lo largo del año, hasta abusos de poder de la fuerza pública.

Conocido es el fenómeno de violencia que azota a Colombia, la aterradora cifra de masacres que sigue en aumento deja en evidencia la política de terror que está siendo impuesta en las comunidades (en su mayoría rurales), quienes a merced de grupos al margen de la ley, están sometidas al recrudecimiento de la guerra. Sin embargo, las ciudades no escapan al fenómeno de la violencia, múltiples son las pruebas de los abusos de autoridad por parte de la institución de la policía y del ejército, los cuales atentan contra los habitantes, sometiéndoles a golpes, humillaciones, torturas y disparos letales.

Toda esta situación desembocó en un descontento ciudadano, que en el ejercicio de su derecho a la protesta, se manifestó en contra de las masacres, la vulneración a los derechos humanos y los excesos de la autoridad; Si bien hay una situación de indignación colectiva y generalizada que exige que el Estado se apersone y cumpla su rol de protector y garante de derechos, la respuesta del Estado ha sido opuesta, ya que se centró en etiquetar la protesta social como problema y anular las verdaderas causas que llevaron a ésta. Se enfocó entonces,en instalar una serie de maniobras que buscan disuadir la protesta a partir de perpetuar el miedo y la estigmatización.

La respuesta entonces del establecimiento, no ha sido otra que criminalizar la protesta social, individualizarla y hacer señalamientos como mecanismo de desarticulación; Se convirtieron en cotidiano, los anuncios de perfilamientos, los carteles de “se busca a promotores de protestas”, la utilización de medios corporativos de comunicación para incriminar a organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y líderes comunitarios ,sin que estos hayan sido requeridos por las autoridades judiciales, o algunos ya requeridos pero injustamente presentados como culpables, violando el derecho al debido proceso; son apenas una de las aristas que enfrenta la movilización social hoy.

A esta aguda situación, se suma el desacato por parte del ministro de defensa a un fallo de la Corte Suprema de Justicia , el cual indica y exige que se debía pedir perdón a la población por los excesos de la fuerza pública y adicionalmente se debía revisar el protocolo de atención a la protesta social, pues la fuerza pública en cabeza del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) ha incurrido en faltas graves a los derechos humanos, imposibilitado la protesta en el marco constitucional e incluso está involucrado en el homicidio de manifestantes.

Por otro lado, líderes sociales, sindicales, miembros de organizaciones comunitarias y barriales, han sido objeto de amenazas por parte de grupos autodenominados como “las águilas negras” (reductos del paramilitarismo), quienes bajo panfletos amenazantes enviados, instan al abandono del territorio y de las actividades sociales, so pena de ser asesinados. Lo anterior, no es más que otra de las estrategias para intimidar y fracturar el trabajo social que se viene realizando y el cual ha demostrado su poder para crear tejido en las comunidades.

Foto: carasycaretas.com Represión policial en Colombia.

Pese a la alta complejidad de la situación y el riesgo existente, los actores de la movilización social y la ciudadanía en general insisten en seguir denunciando las violaciones a derechos humanos, en mantener el trabajo comunitario y en ejercer su derecho a la protesta puesto que son múltiples las razones para manifestarse. La lucha por la construcción de una justicia social y una vida digna, son y seguirán siendo los elementos principales para trabajar en la transformación.